Fuente : Peru21
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ha salido en defensa de su proyecto de ley que permitiría a los mineros informales vender su oro al Banco de la Nación. La propuesta ha generado controversia, ya que abriría la puerta a la legalización de hasta US$6 mil millones anuales provenientes de la minería informal.

Además de la compra directa de oro por parte del Estado, los mineros informales han planteado una segunda estrategia: la apertura de cuentas VIP en el Banco de la Nación para mover sus transacciones sin restricciones. Esta medida, impulsada por la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), busca evitar el rechazo de los bancos privados, que han bloqueado operaciones por falta de trazabilidad del mineral.

Según el documento presentado por Confemin a la Comisión de Energía y Minas del Congreso, la propuesta busca incorporar un capítulo sobre la bancarización de la comercialización de minerales, permitiendo que pequeños productores, mineros artesanales y mineros ancestrales accedan a servicios bancarios sin trabas.

¿Nueva política o lavado de activos?

Para los defensores del proyecto, como el congresista Salhuana, esta medida permitiría al Estado aumentar sus reservas de oro y fortalecer la formalización minera. Sin embargo, críticos advierten que el plan podría facilitar la legalización de recursos de origen ilícito, convirtiendo al Banco de la Nación en un canal de blanqueo de activos.

Mientras tanto, Confemin sigue en negociaciones con congresistas como Segundo Quiroz (Bloque Magisterial) para buscar respaldo legislativo a esta iniciativa.

La pregunta clave es: ¿hasta dónde llegará el Estado para facilitar la integración de los mineros informales al sistema financiero sin comprometer la lucha contra el lavado de activos?