Fuente: PCM

Un informe de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo revela que Loreto concentra los casos más críticos, mientras que la minería y las demandas sociales son los principales detonantes de los conflictos.

La conflictividad social en el Perú se mantiene como un tema latente y complejo, con diversos factores que la alimentan y la distribuyen a lo largo del territorio nacional. Un reciente informe de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD) revela que en enero de 2025 se registraron 46 casos activos de conflictividad social, de un total de 106 casos monitoreados.

El informe destaca que la Unidad Territorial (UT) Amazonía, específicamente Loreto, concentra los dos casos de riesgo crítico identificados en el mes. Esto sugiere que la problemática en esta región, donde confluyen diversos intereses y demandas, requiere una atención prioritaria por parte de las autoridades.

En cuanto al nivel de riesgo de los conflictos, se observa una distribución variada:

2 casos críticos (4.3%): Ambos en la UT Amazonía (Loreto).
3 casos inminentes (6.5%): Un caso en cada una de las UT Amazonía, Sur Este y Sur Oeste.
21 casos intermedios (45.7%): Distribuidos en diversas unidades territoriales, con mayor concentración en el centro del país.
20 casos bajos (43.5%): También presentes en varias regiones, aunque con menor nivel de tensión.
La distribución de los casos gestionados por la SGSD muestra que la UT Centro y la UT Amazonía concentran cerca de la mitad de los casos en enero, con 11 y 10 casos respectivamente. Esto refuerza la necesidad de un enfoque territorial diferenciado para abordar la conflictividad social en el país.

En cuanto a los detonantes de los conflictos, el informe revela que el 34.8% de los casos están asociados a la actividad minera, lo que evidencia la persistencia de tensiones entre las comunidades y las empresas mineras. Le sigue un 28.3% de casos vinculados a demandas por bienes y servicios públicos, lo que refleja la importancia de la gestión estatal para atender las necesidades de la población.

Este informe de la SGSD ofrece una radiografía de la conflictividad social en el Perú en enero de 2025, con datos relevantes sobre su distribución territorial, nivel de riesgo y principales detonantes. Esta información es fundamental para diseñar e implementar estrategias de prevención y gestión de conflictos que contribuyan a la gobernabilidad democrática y la paz social en el país.

Es importante señalar que la conflictividad social es un fenómeno dinámico y multifactorial, que requiere un abordaje integral y articulado entre diversas instituciones y actores sociales. El seguimiento y monitoreo de los conflictos, así como el diálogo y la concertación, son herramientas clave para prevenir su escalamiento y promover soluciones pacíficas y sostenibles.