Fuente: MINEM

Especialistas de la DGAAE convocaron a representantes de la sociedad civil, titulares de la actividad eléctrica, y entidades públicas

La Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad (DGAAE) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), realizó reuniones de trabajo con autoridades de diversos organismos y representantes de la sociedad civil, con la finalidad de realizar un intercambio de ideas en relación a la aplicación del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas.

Entre las organizaciones que participaron, se encuentran la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), entre otras.

El director general de la DGAAE, Juan Cossio, explicó que este tipo de reuniones e intercambio de información, que se extendieron por 3 días, son necesarias porque servirán para la evaluación preliminar de los problemas públicos que serán materia de análisis regulatorio, identificados en la Agenda Temprana 2025 del MINEM, como por ejemplo la tramitología relacionada a las evaluaciones de impacto ambiental en los proyectos eléctricos desarrollados en todo el país.

Durante las reuniones, desarrolladas en la sede del MINEM, los actores involucrados (sociedad civil, titulares de la actividad eléctrica, consultoras y entidades públicas) tuvieron la oportunidad de dar a conocer sus puntos de vista respecto a la visión preliminar de los problemas identificados por la autoridad, para aportar sugerencias sobre posibles soluciones o impactos.

Como se sabe, el citado Reglamento tiene por objeto promover y regular la gestión ambiental de las actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, con la finalidad de prevenir, minimizar, rehabilitar y/o compensar los impactos ambientales negativos derivados de tales actividades, en un marco de desarrollo sostenible.

Asimismo, su aplicación permite reducir incertidumbre en las inversiones garantizando seguridad jurídica en las actividades eléctricas; reducir costos y promover las inversiones privadas sostenibles en el subsector; facilitar el cumplimiento de la normativa ambiental y la tramitación de los procedimientos de evaluación ambiental, mediante una comunicación fluida y eficiente entre la Autoridad Ambiental Competente y el Titular.