Fuente: Gestión y MEF

Foto: Gestión y MEF

El gobierno peruano ha desplegado un ambicioso plan, denominado «shock regulatorio», con el objetivo de combatir de manera frontal la minería ilegal, una actividad que ha causado graves daños ambientales y sociales en diversas regiones del país. Este plan, que se basa en 24 iniciativas tributarias y operativas, busca fortalecer las capacidades de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y mejorar la trazabilidad del comercio de minerales metálicos, para así desarticular las redes que sostienen esta actividad ilícita. La magnitud de este esfuerzo se refleja en el hecho de que forma parte de un paquete de más de 400 medidas gubernamentales, lo que subraya la determinación del Estado peruano para erradicar la minería ilegal. Este «shock regulatorio» no solo tiene implicaciones tributarias, sino que también busca generar un impacto positivo en la economía formal, al promover la transparencia y la legalidad en el sector minero. El gobierno peruano reconoce que la minería ilegal representa una amenaza para el desarrollo sostenible del país y está decidido a tomar medidas contundentes para proteger los recursos naturales y garantizar el cumplimiento de la ley.

Dentro de este «shock regulatorio», la Sunat adquiere un papel protagónico, al ampliarse sus facultades de control sobre diversos productos y al establecer un rastreo más preciso de las actividades relacionadas con la minería ilegal, desde la etapa de procesamiento en las plantas hasta la compra y transporte de insumos. Miguel Inchaustegui, exministro de Energía y Minas, resalta la importancia de monitorear estos procesos para identificar a los actores ilegales que se camuflan entre los legales, señalando que «en las plantas de procesamiento de minerales también se trabaja con inscritos y suspendidos en el Reinfo, donde también están los ilegales. Se necesita controlar el origen del concentrado». Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, se optimizará el sistema de detracciones y se perfeccionará la trazabilidad del comercio de minerales metálicos, lo que mejorará la recaudación. Walker Villanueva, socio del estudio PPU, destaca la importancia de la reciente Resolución de Superintendencia 86-2025/Sunat, que permite a la Sunat «perseguir» el mineral desde su salida de la mina hasta las plantas procesadoras, mediante detracciones. Sin embargo, también advierte sobre la necesidad de definir claramente los valores para los montos de las detracciones, para evitar afectar a la minería formal. Además, se busca perfeccionar la identificación de los compradores de insumos destinados a la minería ilegal, mediante la incorporación de nuevos bienes al sistema de percepciones y la inclusión de insumos químicos al sistema de detracciones, lo que requerirá una ley para su ejecución.

El Congreso peruano también juega un papel crucial en esta lucha, ya que dos de las medidas propuestas requieren su aprobación. Miguel Inchaustegui subraya la oportunidad que tiene el Congreso de demostrar su compromiso contra la minería ilegal. El gobierno busca implementar un sistema interoperable para la minería a pequeña escala y perfeccionar la identificación de compradores de insumos ilegales, lo que requiere cooperación interinstitucional, especialmente con el Ejército y la Policía. El objetivo final es construir un futuro con minería legal y sostenible, que beneficie al medio ambiente, la economía y la paz social. Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en este proceso, al informar y promover un debate público informado. Este «shock regulatorio» es un llamado a la acción para todos los peruanos, para construir un legado de minería legal y sostenible para las futuras generaciones. La lucha contra la minería ilegal es un compromiso a largo plazo, que requiere un esfuerzo sostenido del gobierno, la sociedad civil y los medios de comunicación.