Tragedia en Cerro Verde: Accidente con maquinaria pesada cobra la vida de un obrero
Fuente: Rumbo Minero
Arequipa – Un lamentable accidente laboral en las instalaciones de la empresa minera Cerro Verde S.A.A., ubicada en el distrito de Uchumayo, región Arequipa, resultó en la trágica muerte de un trabajador de la empresa contratista MCM Ingenieros. El hecho ocurrió aproximadamente a las 3:00 p.m. del jueves 24 de abril, mientras se llevaban a cabo labores de descarga de concreto premezclado utilizando una bomba telescópica.
Según el reporte de seguridad interno de Cerro Verde, la manguera de descarga de la bomba impactó violentamente a Miguel Italaque Castillo, un obrero de 35 años perteneciente a la contratista MCM Ingenieros.
De inmediato, se activaron los protocolos de emergencia y el trabajador fue auxiliado y trasladado a la clínica San Pablo, ubicada en el distrito de Cerro Colorado. A pesar de los esfuerzos del personal médico, Italaque Castillo falleció horas después a consecuencia de las graves lesiones sufridas.
El cuerpo del trabajador fue trasladado a la morgue central de Arequipa para la realización de la necropsia de ley, la cual determinó como causa de muerte un hematoma subdural y un traumatismo encefalocraneano severo.
Ante este trágico suceso, Cerro Verde ha declarado una alerta de seguridad en sus operaciones y ha asegurado su plena colaboración con las investigaciones pertinentes para esclarecer las causas del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.
A través de un comunicado oficial, Cerro Verde y MCM Ingenieros expresaron sus «sinceras condolencias» a la familia, amigos y colegas del trabajador fallecido. Asimismo, informaron que las autoridades competentes han sido debidamente notificadas del incidente.
Este lamentable hecho se suma a otro accidente mortal ocurrido en el sector minero peruano en menos de una semana, específicamente en las instalaciones de Antamina, en la región de Áncash. Estos incidentes ponen de manifiesto la importancia crítica de la seguridad laboral en la industria minera y la necesidad de reforzar las medidas preventivas para evitar futuras tragedias.
Lucha frontal contra la minería ilegal: Gobierno peruano da luz verde a la intervención militar
Fuente: Radio San Martin
En una medida que ha generado controversia y debate, la presidenta Dina Boluarte promulgó una nueva normativa que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la minería ilegal, siempre y cuando se declare previamente un estado de emergencia en la zona afectada. La modificación del Decreto Legislativo 1095 busca, según el Ejecutivo, subsanar los vacíos legales que hasta ahora limitaban la acción militar frente a este delito que consideran una amenaza a la seguridad nacional.
Durante la ceremonia de promulgación, la mandataria calificó la medida como “necesaria, legítima y urgente”, reafirmando su firme decisión de confrontar al crimen organizado. Boluarte enfatizó que esta nueva ley fortalece el control del territorio peruano y cuenta con el respaldo del Congreso de la República. En un tono enérgico, también respondió a las críticas provenientes de sectores legales, declarando: “No más tibieza”, sugiriendo que dichas objeciones favorecen a los delincuentes involucrados en la minería ilegal.
Este nuevo marco legal amplía significativamente el rol de las Fuerzas Armadas, otorgándoles una participación activa en contextos que tradicionalmente eran competencia principal de la Policía Nacional. Si bien el gobierno ha defendido esta decisión como parte de una estrategia integral para garantizar la seguridad del país, diversas voces han manifestado su preocupación. Sectores de la sociedad civil advierten que la participación militar en tareas de seguridad interna podría aumentar el riesgo de abusos o excesos, particularmente en áreas donde la minería informal y las comunidades locales coexisten.
El Ejecutivo ha informado que, en coordinación con la Policía Nacional, ya se han llevado a cabo más de 2,600 patrullajes conjuntos. Estos operativos han resultado en la captura de miembros de bandas criminales y la incautación de armamento. Sin embargo, el impacto real de estas acciones conjuntas en el control efectivo del crimen organizado y la protección del medio ambiente, gravemente afectado por la minería ilegal, aún se encuentra en proceso de evaluación. La implementación de esta nueva normativa y sus consecuencias serán objeto de un atento seguimiento por parte de la opinión pública y las organizaciones de derechos humanos.
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