Fuente: Gestión

En un esfuerzo por dinamizar la economía y agilizar el desarrollo de proyectos cruciales para el país, el Ministerio del Ambiente (Minam), bajo el liderazgo de Juan Carlos Castro Vargas, ha anunciado un hito significativo en la gestión de inversiones. A la fecha, la actual administración ha logrado destrabar la impresionante cifra de 671 proyectos, que en su conjunto representan una inyección de capital de US$ 29,844 millones. Este logro viene acompañado de una serie de medidas estratégicas destinadas a reducir drásticamente los plazos para la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d), un cuello de botella histórico en el desarrollo de proyectos en Perú.

El ministro Castro Vargas, en declaraciones a la prensa, destacó la importancia de esta reforma para sentar las bases de un crecimiento económico sostenible y responsable con el medio ambiente. Subrayó que se ha puesto especial énfasis en el fortalecimiento del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), entidad adscrita al Minam, a través de una asesoría integral en los planes de evaluación. El objetivo primordial es viabilizar en un tiempo significativamente menor la aprobación de la fundamental Línea de Base Ambiental Pública, un instrumento clave para la planificación y ejecución de proyectos con un enfoque ambientalmente consciente.

El titular del Minam no dudó en señalar que el proceso de evaluación ambiental, piedra angular para asegurar la sostenibilidad de las inversiones, había experimentado una preocupante ralentización durante administraciones previas. Esta ineficiencia se traducía en largos periodos de espera, que en algunos casos superaban los cinco años para la aprobación de un solo estudio. Esta situación generaba incertidumbre, retrasos en la ejecución de proyectos vitales y, en última instancia, un impacto negativo en el clima de inversión del país.

«Uno de los aspectos que se buscó en la actual gestión es que destrabemos proyectos que estaban en evaluación por mucho tiempo, en algunos casos por más de cinco años, sin idas y vueltas entre el Senace y las entidades opinantes. Analizamos nuestro marco legal y encontramos que había sobrerregulación», explicó el ministro Castro Vargas, evidenciando un diagnóstico claro de los problemas que se buscaban resolver.

Un Nuevo Marco Normativo para la Eficiencia:

Para abordar esta problemática de raíz, el Minam ha implementado un conjunto de medidas normativas y estratégicas en el último año. Una de las acciones más destacadas ha sido la promulgación del Decreto Supremo N° 004-2024. Esta normativa ha introducido una reducción drástica en los periodos de admisibilidad de un proyecto, estableciendo un plazo máximo de tan solo 5 días hábiles. Este cambio representa un avance sustancial si se considera que, anteriormente, la etapa de admisibilidad podía extenderse por periodos que oscilaban entre el año y medio y los dos años.

«Hemos encontrado proyectos cuya admisibilidad traía casi año y medio o dos años. Encontramos que se pedían documentos que porque en esa etapa (que es inicial) evaluaban aspectos de fondo. Entonces, con este DS hemos remarcado que la fase de admisibilidad no pase de 5 días hábiles», detalló el ministro, ilustrando el impacto concreto de esta nueva disposición.

En la misma línea de simplificación y eficiencia, se emitió el Decreto Supremo N° 005-MINAM, cuyo objetivo principal es eliminar la duplicidad de funciones entre el Senace y otras entidades clave en el proceso de evaluación ambiental, como la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Esta medida ha logrado reducir en 75 días el tiempo total del proceso de evaluación. Anteriormente, tan solo la etapa preliminar podía extenderse hasta por dos años, al igual que la formulación del estudio en sí.

El gobierno también ha reconocido la importancia de la coordinación intersectorial para agilizar los procesos. En este sentido, se promulgó el Decreto Legislativo 1605, en colaboración con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esta normativa busca que sectores productivos estratégicos como Agricultura, Transportes y Comunicaciones, y Minas y Vivienda, realicen una revisión exhaustiva de sus procedimientos internos con el fin de identificar y eliminar duplicidades y trabas burocráticas que puedan impactar en los requisitos para los estudios ambientales.

Resultados Concretos y Proyecciones Futuras:

El impacto de estas reformas ya se está haciendo sentir en el panorama de la inversión peruana. Según los datos proporcionados por el Minam, solo en lo que va del año 2024 se han destrabado proyectos por un valor de US$ 13,600 millones. En el primer trimestre de este año, se han certificado aproximadamente 80 proyectos, que representan una inversión total de US$ 16,700 millones y abarcan 120 iniciativas de inversión.

Desde el inicio de la actual gestión en 2023 hasta marzo de 2025, el número total de proyectos que han superado los obstáculos burocráticos asciende a 471, con una inversión acumulada de US$ 29,344 millones. Estos proyectos se distribuyen en sectores cruciales para el desarrollo del país, incluyendo minería, transportes y comunicaciones, hidrocarburos, proyectos de salud, agricultura, saneamiento y vivienda.

Entre los proyectos de gran envergadura que han obtenido la aprobación necesaria durante este periodo se encuentran la ampliación de la Zona Operativa Portuaria Etapa I del puerto de Chancay, la carretera Oyón-Ambo, la ampliación del Terminal Norte Multipropósito del Callao, la modificación del estudio departamental de Amazonas, el proyecto Quellaveco y el terminal portuario de Salaverry, así como diversos complejos hidroeléctricos y líneas de transmisión.

En cuanto a la reducción de los plazos de aprobación, los avances son notables. En 2023, el tiempo promedio para la aprobación de estos estudios era de 45 días hábiles. Gracias a las medidas implementadas en 2024, este plazo se redujo a 30 días hábiles. Con la entrada en vigor de los decretos supremos de este año, el tiempo promedio de evaluación se ha acortado aún más, situándose en 15 días hábiles. Incluso, algunos proyectos han logrado completar el proceso de aprobación en tan solo 28 días hábiles.

La Línea de Base Ambiental Pública: Un Cambio de Paradigma:

Un elemento central en la estrategia del Minam para agilizar la aprobación de proyectos es la reciente aprobación del Decreto Supremo que establece la Línea de Base Ambiental Pública (LBAP). Esta innovadora herramienta representa un cambio de paradigma en la forma en que se aborda la evaluación ambiental en Perú.

Anteriormente, la responsabilidad de generar la información ambiental básica para la elaboración de las líneas de base recaía en los titulares de los proyectos, lo que implicaba una inversión significativa de tiempo y recursos en la recopilación y análisis de datos sobre las condiciones ambientales preexistentes en el área de influencia del proyecto. Con la LBAP, esta responsabilidad pasa al Estado, que a través de sus diversos sectores (agua, aire, suelo, residuos, biodiversidad, infraestructura, salud, educación, etc.) se encargará de generar y poner a disposición de los privados esta información de manera estandarizada y accesible a través de una plataforma administrada por el Minam.

«El Estado había trasladado su responsabilidad de generar información para la línea de base al privado, que al final debía invertir más tiempo en las condiciones ambientales existentes en determinado territorio», explicó el ministro Castro Vargas, resaltando la ineficiencia del sistema anterior. Con la LBAP, esta información se convierte en un insumo vinculante para los estudios ambientales, lo que significa que ya no podrá ser cuestionada por los privados durante la etapa de evaluación, agilizando significativamente el proceso.

El Minam estima que la implementación de la LBAP permitirá a los titulares de proyectos ahorrar significativamente los plazos que antes debían invertir en la elaboración de sus propias líneas de base. Para un proyecto común, se proyecta una reducción del tiempo total de evaluación a entre 30 y 40 días hábiles. En el caso de modificaciones a estudios ambientales detallados, el análisis podría completarse en un plazo máximo de 20 a 25 días hábiles. El objetivo es que, a partir de julio de este año, el tiempo máximo para la aprobación de cualquier estudio ambiental no supere los 30 días hábiles.

Para garantizar la efectividad de estas nuevas medidas y asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos, el Senace está llevando a cabo una modernización integral de su estructura y funcionamiento. Esto incluye la actualización de su Reglamento de Organización y Funciones (ROF) para establecer mecanismos de control interno más rigurosos sobre el desempeño de los evaluadores, así como la implementación de programas de capacitación y la adopción de herramientas tecnológicas y guías técnicas que permitan optimizar la eficiencia y la calidad de las evaluaciones ambientales.

De cara al futuro, el Minam se muestra optimista en cuanto a la capacidad de seguir impulsando la inversión sostenible en el país. Para lo que resta del año, se espera la aprobación de entre el 70% y el 80% de los aproximadamente 100 proyectos que actualmente se encuentran en proceso de evaluación, con especial atención a los proyectos de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Entre las iniciativas de gran envergadura que se encuentran en la mira para su pronta aprobación se encuentran el proyecto Huancapetí de Petroperú, modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Las Bambas y el recién aprobado EIA del proyecto Michiquillay, un proyecto minero de gran envergadura que busca contribuir al cambio de la matriz energética del país.