Fuente: Rumbo Minero

La reciente propuesta del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, de modificar la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para permitir la compra de oro a la pequeña minería y minería artesanal ha desatado una intensa polémica entre economistas y expertos en el sector. La medida, que busca impulsar la formalización de la minería y fortalecer las reservas internacionales del país, ha sido recibida con escepticismo y preocupación, generando un amplio debate sobre sus posibles implicaciones.

Inviabilidad y riesgos de la propuesta: un análisis profundo

Víctor Fuentes, economista jefe del Instituto Peruano de Economía (IPE), fue enfático al señalar la inviabilidad de la propuesta, argumentando que la función del BCRP no incluye el apoyo a intervenciones en la producción de oro ilegal. «El Banco Central no puede comprar oro ilegal, ni sobre el cual hay algún tipo de duda sobre su origen, porque significaría blanquear activos ilegales y porque no le sirve», enfatizó. Esta afirmación pone de relieve la preocupación por el posible blanqueo de capitales provenientes de la minería ilegal, un problema que el país busca combatir.

Marco Ortiz, profesor del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico (UP), profundizó en los aspectos técnicos de la propuesta, explicando que el BCRP adquiere oro en plazas internacionales como Nueva York o Londres, donde se compra oro certificado, lo que garantiza su calidad y facilita su venta en caso de necesidad. «Ahí se compra oro certificado», aclaró Ortiz, «y si en algún momento tiene que utilizar ese oro para venderlo y conseguir recursos, el proceso sea inmediato». La compra de oro a mineros peruanos, en cambio, no cumpliría con estos requisitos, lo que pondría en riesgo la liquidez y la capacidad de respuesta del BCRP ante posibles crisis financieras.

Incentivo a la minería informal: un efecto no deseado

Uno de los principales temores expresados por los expertos es que la propuesta podría generar un efecto no deseado: el incentivo a la minería informal. Hugo Perea, economista, advirtió que «si empiezas a monetizar, a comprar el oro, podría generar incentivos para esta actividad (minería informal)». Esta preocupación se basa en la idea de que la compra de oro por parte del BCRP podría crear un mercado paralelo para el oro proveniente de la minería ilegal, dificultando los esfuerzos por combatirla.

Además, Perea cuestionó la capacidad del BCRP para controlar y reducir la minería ilegal, argumentando que los instrumentos para ello se encuentran en otros ámbitos. «El Banco Central no entra», afirmó el economista, señalando que la lucha contra la minería ilegal requiere de medidas integrales que involucren a diversas instituciones del Estado.

Riesgos para la estabilidad monetaria: una preocupación latente

Los expertos también expresaron su preocupación por los riesgos que la propuesta podría acarrear para la estabilidad de la moneda peruana. Ortiz advirtió que la trazabilidad del oro sería cuestionada por los mercados internacionales, ya que el BCRP no tiene la capacidad para determinar directamente la calidad del metal. «Además, se podría poner en riesgo básicamente el manejo propio del BCR y la estabilidad de la moneda peruana que tanto tiempo tanto ha costado conseguir», añadió.

La falta de trazabilidad del oro proveniente de la minería artesanal y de pequeña escala podría generar desconfianza en los mercados internacionales, afectando la reputación del BCRP y la estabilidad del sol peruano.

Conclusión: propuesta contraproducente y alternativas viables

Los economistas coinciden en que la propuesta es contraproducente y que existen otros instrumentos más adecuados para formalizar a los mineros. En lugar de modificar la Ley Orgánica del BCRP, sugieren fortalecer los mecanismos de control y fiscalización de la minería ilegal, así como promover la formalización a través de incentivos y programas de apoyo.

En este sentido, se plantea la necesidad de implementar medidas integrales que aborden las causas profundas de la minería ilegal, como la falta de oportunidades económicas en las zonas rurales y la debilidad de las instituciones encargadas de su control.