Fuente: Diario Correo

La tensión se eleva en el valle del Tambo, provincia de Islay, región Arequipa, donde un grupo numeroso de pobladores ha intensificado su medida de protesta con el bloqueo del paso vehicular en el sector conocido como la Rotonda. Esta acción, que comenzó el pasado 17 de febrero, es una contundente manifestación de su firme rechazo a los controvertidos proyectos mineros Tía María y La Tapada, impulsados por la gigante minera Southern Copper Corporation.

La convocatoria a esta paralización indefinida ha sido liderada por diversas organizaciones sociales del valle del Tambo, quienes exigen de manera categórica la cancelación definitiva de ambos proyectos mineros. Los manifestantes sostienen con vehemencia que Tía María y La Tapada representan una grave amenaza para el delicado equilibrio del medio ambiente de la zona, así como para la supervivencia de la próspera actividad agrícola que sustenta la vida y la economía del valle.

La medida de protesta ha tenido un impacto inmediato en la movilidad de la región. Desde las primeras horas de la mañana de este sábado, la Rotonda, un punto neurálgico para el tránsito en la zona, se convirtió en un escenario de tensión y frustración para transportistas y pasajeros. El bloqueo impide el libre tránsito de vehículos, generando largas filas y retrasos significativos en la circulación.

Los pobladores del valle del Tambo han expresado su determinación de mantener esta medida de presión de manera indefinida. En un tono enérgico, advirtieron que, en caso de no obtener una respuesta favorable y un gesto de diálogo por parte de la presidenta de la República, Dina Boluarte, las protestas se radicalizarán aún más en los próximos días, escalando la tensión en la región.

La situación se torna especialmente crítica en la zona conocida como La Curva, donde una considerable cantidad de camiones de carga, transportando combustibles esenciales para la región y productos de primera necesidad para la población, se encuentran varados durante horas, a la espera de una tregua o una solución que permita restablecer el flujo vehicular. Esta situación genera preocupación por el posible desabastecimiento de productos básicos y el impacto económico en la región.

Ante la escalada de la protesta y el bloqueo de la vía, la Fiscalía de Prevención del Delito y Seguridad del Estado se apersonó al lugar para constatar la situación, dialogar con los manifestantes y evaluar las posibles implicaciones legales de la medida de fuerza. La presencia de las autoridades busca mediar en el conflicto y prevenir posibles actos de violencia o alteración del orden público.

Es importante destacar que el alcalde provincial de Islay, Richard Ale Cruz, se ha mostrado solidario con las demandas de la población del valle del Tambo. El burgomaestre advirtió públicamente que las protestas en la zona podrían radicalizarse aún más si la presidenta Dina Boluarte no muestra una disposición clara y abierta al diálogo con los representantes de los manifestantes.

El alcalde Ale Cruz enfatizó que los agricultores del valle del Tambo se mantendrán firmes en su movilización y continuarán haciendo sentir su voz hasta que sus demandas sean escuchadas y atendidas por el gobierno central. La autoridad local ha instado a la presidenta Boluarte a tomar en serio las preocupaciones de la población del valle y a establecer un canal de comunicación directo para buscar una solución pacífica y duradera a este conflicto que se extiende por semanas.

La persistente oposición a los proyectos mineros Tía María y La Tapada en el valle del Tambo no es un fenómeno reciente. Durante años, la comunidad ha expresado su profunda preocupación por los posibles impactos negativos que la actividad minera a gran escala podría generar en sus fuentes de agua, en la calidad de sus tierras agrícolas, y en la salud de la población. El valle del Tambo es conocido por su rica tradición agrícola y la calidad de sus productos, y los pobladores temen que la minería pueda poner en riesgo este valioso patrimonio.

Las organizaciones sociales que lideran la protesta argumentan que los estudios de impacto ambiental presentados por Southern Copper Corporation no son suficientes para garantizar la protección del medio ambiente y que los beneficios económicos prometidos por la empresa no compensan los posibles daños irreparables que la minería podría causar en el valle.

La radicalización de la protesta, con el bloqueo indefinido de la vía principal, evidencia la frustración y la desesperación de la población ante la falta de respuestas concretas por parte del gobierno central. La amenaza de escalar aún más las medidas de presión en los próximos días genera incertidumbre y temor en la región, con posibles consecuencias en el ámbito económico y social.

El gobierno central se enfrenta ahora a un delicado desafío: encontrar una solución que permita atender las demandas de la población del valle del Tambo sin afectar las inversiones mineras que considera importantes para el desarrollo económico del país. El diálogo abierto y sincero entre las partes, con la participación de representantes del gobierno, la empresa minera y la comunidad, se presenta como la vía más viable para alcanzar una solución sostenible y evitar una escalada del conflicto con consecuencias impredecibles. La atención se centra ahora en la respuesta que la presidenta Dina Boluarte pueda ofrecer a la población del valle del Tambo y en los pasos que se tomarán para desactivar esta creciente tensión social en la región de Arequipa.