Fuente: Gestión

En un anuncio trascendental que busca dinamizar el sector de la pequeña minería y la minería artesanal (MAPE) en el Perú, al mismo tiempo que se fortalecen las medidas de protección ambiental, el Gobierno ha dado un paso firme hacia la simplificación de los engorrosos requisitos de formalización. La noticia, que ha sido recibida con una mezcla de optimismo y cautela por los diversos actores involucrados, surge en un contexto donde la necesidad de integrar a la MAPE a la economía formal se ha vuelto cada vez más apremiante, tanto por razones económicas como ambientales y sociales.

El reconocido experto en temas mineros y legales, el abogado Elías Castro Vargas, fue quien inicialmente puso de relieve esta importante iniciativa gubernamental. En declaraciones recientes, Castro Vargas destacó que la formalización en el sector minero ha sido históricamente un proceso complejo y burocrático, lo que ha generado que un porcentaje significativo de la actividad minera, estimada en alrededor del 42%, opere en la informalidad. Esta situación no solo representa una pérdida significativa de ingresos fiscales para el Estado, sino que también conlleva graves riesgos ambientales y sociales, al margen de las regulaciones y los estándares establecidos.

La reciente modificación del Reglamento de la Ley Marco para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal (MAPE), establecida mediante el Decreto Supremo 013-2024-EM, representa un esfuerzo concreto del Gobierno por revertir esta tendencia. A dos meses de su promulgación, los alcances de esta modificación comienzan a generar un debate constructivo entre los diversos actores del sector, incluyendo las organizaciones de mineros artesanales, las empresas mineras de mayor envergadura, las entidades gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil.

Uno de los puntos centrales de esta reforma radica en la flexibilización de los requisitos ambientales para la formalización de la MAPE. El abogado Castro Vargas explicó que las anteriores exigencias ambientales, interpretadas de manera rigurosa, se habían convertido en una barrera casi insuperable para muchos pequeños mineros y mineros artesanales, quienes carecen de los recursos técnicos y financieros para cumplir con estudios ambientales complejos y costosos. La nueva normativa busca establecer requisitos más proporcionales a la escala de las operaciones de la MAPE, sin menoscabar la protección del medio ambiente.

En este sentido, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha reiterado su compromiso de impulsar la formalización, argumentando que un sector formalizado está en mejores condiciones de adoptar prácticas responsables y de cumplir con la normativa ambiental vigente. El titular del Minem ha señalado en diversas oportunidades que la simplificación de los trámites no implica una relajación de los estándares ambientales, sino una adecuación de los requisitos a la realidad operativa y a las capacidades de la MAPE.

La Mesa de Trabajo para la Formalización Minera, un espacio de diálogo y concertación donde participan diversos actores del sector, ha tenido un papel fundamental en la elaboración de esta nueva normativa. El abogado Castro Vargas, quien también participa en esta mesa, destacó la importancia del consenso alcanzado entre los diferentes representantes para lograr una propuesta que, si bien busca simplificar los trámites, mantiene un enfoque en la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social.

No obstante, la implementación efectiva de esta nueva normativa no está exenta de desafíos. El abogado Castro Vargas advirtió que será crucial una adecuada difusión de los nuevos requisitos entre los mineros artesanales, así como el fortalecimiento de las capacidades de las entidades gubernamentales encargadas de la fiscalización y el acompañamiento técnico. Sin una implementación eficiente y transparente, el objetivo de lograr una formalización masiva y sostenible podría verse comprometido.