Fuente: Gestión

En un esfuerzo por dinamizar el sector de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y fomentar su integración a la economía formal, el Gobierno del Perú ha implementado una estrategia de simplificación de los requisitos de formalización. La medida, oficializada a través de la reciente modificación del Reglamento de la Ley Marco para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, establecida mediante el Decreto Supremo 013-2024-EM, busca abordar los desafíos históricos que han limitado la formalización de un porcentaje significativo de la actividad minera en el país.

El abogado Elías Castro Vargas, experto en legislación minera, ha destacado la relevancia de esta iniciativa, señalando que la complejidad y la naturaleza burocrática de los procesos de formalización previos han contribuido a que aproximadamente el 42% de la actividad minera opere en la informalidad. Esta situación ha generado implicaciones negativas en términos de recaudación fiscal, protección ambiental y condiciones laborales.

La modificación normativa se centra en la adecuación y flexibilización de los requisitos ambientales exigidos a la MAPE, reconociendo las limitaciones técnicas y financieras que a menudo enfrentan los pequeños mineros y mineros artesanales para cumplir con estudios ambientales complejos y costosos. El objetivo primordial es establecer requisitos proporcionales a la escala de sus operaciones, sin menoscabar la protección del medio ambiente y promoviendo prácticas mineras responsables.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha reafirmado su compromiso con esta estrategia, enfatizando que la formalización del sector permitirá una mejor supervisión y el cumplimiento efectivo de la normativa ambiental vigente. El titular del Minem ha asegurado que la simplificación de los trámites no implica una disminución de los estándares ambientales, sino una adaptación pragmática a las capacidades y realidades operativas de la MAPE.

La Mesa de Trabajo para la Formalización Minera, espacio de diálogo y concertación integrado por representantes del gobierno, la MAPE, la empresa privada y la sociedad civil, ha desempeñado un papel crucial en la elaboración de esta nueva normativa. El abogado Castro Vargas, participante activo en esta mesa, resaltó el consenso alcanzado para proponer una simplificación que considere la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social como pilares fundamentales.

No obstante, se reconoce que la implementación efectiva de esta estrategia requerirá una coordinación interinstitucional eficiente, una adecuada difusión de los nuevos requisitos entre los beneficiarios y el fortalecimiento de las capacidades de las entidades encargadas de la fiscalización y el acompañamiento técnico. La eficacia de la medida dependerá de su correcta aplicación y del compromiso de todos los actores involucrados.

Análisis de las Implicaciones por Expertos del Sector:

• Posición de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE): Si bien reconoce la necesidad de facilitar la formalización, la SNMPE, a través de su representante Campe Ruiz, ha enfatizado la importancia de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización para asegurar que la simplificación de requisitos no comprometa los estándares de protección ambiental. Se subraya la necesidad de un cumplimiento normativo riguroso por parte de todas las operaciones mineras, independientemente de su escala.

• Perspectiva del Ministerio de Energía y Minas (Minem): El Minem, liderado por su titular Juan Carlos Castro, defiende la simplificación como una herramienta fundamental para integrar a la MAPE a la economía formal, generar empleo digno y promover el desarrollo regional. Se insiste en que la medida no implica una relajación de los estándares ambientales, y se anuncia un fortalecimiento de los programas de capacitación y asistencia técnica para facilitar el cumplimiento de los requisitos por parte de los mineros artesanales.

El Debate Central: Exigencias Ambientales Proporcionadas:

Un aspecto medular de esta nueva estrategia es la implementación de exigencias ambientales diferenciadas y proporcionales a la escala y el impacto potencial de las operaciones de la MAPE. Se contempla la adopción de instrumentos de gestión ambiental simplificados, como Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) o Planes de Manejo Ambiental (PMA) básicos, que resulten más accesibles para los pequeños mineros y mineros artesanales. La efectividad de estos instrumentos en la prevención y mitigación de impactos ambientales negativos será un factor crítico en la evaluación del éxito de la medida.

La fiscalización ambiental por parte de entidades como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) se mantendrá como un componente esencial para asegurar el cumplimiento de la normativa y sancionar las infracciones. El fortalecimiento de las capacidades de fiscalización será crucial para evitar que la simplificación de requisitos se traduzca en una permisividad ambiental perjudicial.

Implicaciones Sociales de la Formalización:

La formalización de la MAPE trasciende los aspectos económicos y ambientales, impactando significativamente en la esfera social. Un sector formalizado tiene el potencial de garantizar mejores condiciones laborales, promover la seguridad en las operaciones, erradicar prácticas como la explotación laboral y el trabajo infantil, y contribuir al desarrollo de las comunidades locales a través de la inversión social y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Desafíos y Perspectivas para la Implementación:

Si bien la simplificación de requisitos representa un avance significativo, la consecución de una formalización efectiva y sostenible de la MAPE requerirá un esfuerzo coordinado y sostenido entre diversos actores. La difusión clara y accesible de la nueva normativa, la provisión de asistencia técnica y capacitación adecuadas, el fortalecimiento de las capacidades de fiscalización y el fomento de un diálogo constructivo serán elementos fundamentales para el éxito de esta estrategia.

El abogado Elías Castro Vargas concluye que la simplificación de requisitos es un paso importante, pero subraya la necesidad de un enfoque integral que aborde las dimensiones económicas, ambientales, sociales y legales de la MAPE. El objetivo final es construir un sector minero formalizado, responsable y sostenible que contribuya al desarrollo nacional y al bienestar de las comunidades involucradas. La reciente iniciativa gubernamental representa una oportunidad para avanzar hacia este objetivo, cuya realización dependerá del compromiso y la colaboración de todos los actores relevantes